EL SECRETARIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DESCARTÓ LA APLICACIÓN DEL NUEVO PROTOCOLO DE LA NACIÓN

66
Fuente Hoy Día Córdoba

El Gobierno provincial confirmó que no autorizará a sus agentes a disparar sin aviso

El secretario de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera, tomó rápidamente distancia ayer de la polémica resolución que dictó su par nacional, Patricia Bullrich, e introdujo importantes cambios en el protocolo que rige el uso de armas de fuego para las fuerzas federales, que habilita a disparar sin previo aviso.

“No está bajo análisis su implementación en Córdoba”, respondió Mosquera ante una consulta de la prensa, donde aseguró que “no somos de las provincias que han pedido sumarse” a la nueva reglamentación, como había sugerido la funcionaria nacional a los medios. “El único protocolo que rige en Córdoba son los límites que establece el Código Penal”, finalizó Mosquera.

A ciencia cierta, en nuestra provincia convivirán de hecho dos protocolos diferentes: por un lado, el que ya aplica la Policía Provincial; por otro, el que desde ayer rige para la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Según este nuevo reglamento, las fuerzas federales pueden utilizar sus armas de fuego sin que medie una agresión previa, así como tampoco necesitan dar la voz de alto antes de disparar.

A diferencia de la gestión provincial, el intendente Ramón Javier Mestre se pronunció a favor del protocolo: “Hace falta para poder evitar hechos que los ciudadanos estamos hartos y cansados, de robos y esas situaciones”, consideró el jefe comunal, quien sin embargo afirmó que su aplicación debe hacerse “respetando las garantías” de todos los participantes en los hechos.

Sin embargo, abogados y especialistas en derechos humanos denunciaron que el nuevo protocolo “es una carta blanca” para los agentes de seguridad. Claudio Orosz, representante y referente de organizaciones de los Derechos Humanos, señaló incluso que el decreto de aplicación contradice declaraciones sobre la materia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (OEA).

“El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) es capaz de sancionar a través de un tribunal de ética a sus funcionarios y magistrados invocando esas reglamentaciones. Debería utilizar el mismo criterio cuando se violen las reglas de la legítima defensa, porque el policía tiene el mismo Código Penal que rige para cualquier ciudadano”, advirtió el abogado.

Hugo Seleme, profesor de Ética y Jurisprudencia en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), explicó a su vez que “la nueva reglamentación es ambigua porque deja un amplio poder discrecional al agente de seguridad para determinar el caso de ‘peligro inminente’ para usar armas de fuego”.

“La normativa da por sentado que el uso del arma de fuego es unívoco. Se puede usar el arma de fuego para causar la muerte o usarla de manera no letal, es una distinción básica que en la normativa está completamente ausente. Aquí, se le dio una carta blanca a las fuerzas de seguridad para utilizar la fuerza de un arma letal a discreción”, indicó en declaraciones a Radio Nacional.